Y en una contienda de este tipo -como era de esperar por la magnitud de los contendientes- la razón fue para el Estado peruano, que por fin tuvo el sí del Poder Judicial en cuanto a ser el legítimo dueño de la ciudadela que fue declarada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1983.
Así lo confirmó este lunes la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, la cual declaró infundada la demanda presentada por la familia Zavaleta para la reivindicación de tierras del Parque Arqueológico Nacional Machupicchu, ubicado en la provincia de Urubamba (Cusco).
Para comprender esta batalla judicial habría que narrar los antecedentes, que datan de inicios del siglo XX, cuando el terratiente Mariano Ignacio Ferro compra estos terrenos a una familia apellidada Nadal que le cede las 22 mil hectáreas donde se incluía el Machu Picchu.
Curiosamente es el mismo Ferro el que señala al "descubridor" oficial de Machu Picchu, el arqueólogo estadounidense Hiram Bingham, la ubicación exacta de las ruinas incas. Tras la llegada paulatina de decenas de arqueólogos al lugar, es cuando el terrateniente cusqueño se da cuenta de que algo gordo estaba por salir a luz en sus terrenos y que estaba perdiendo la propiedad del lugar.
La venta oficiosa del Machu Picchu a la familia Zavaleta
Pasados los años, Mario Ignacio Ferro dejará en herencia estas propiedades a su hija Tomasa, la cual contraerá matrimonio con el abogado José Emilio Abril. Será éste el que venda el 80% de los terrenos a Julio Zavaleta. El nuevo conflicto de esta historia surge cuando -según las familias- ese pacto nunca llegó a concluirse.
Así que las disputas siguieron y se concretaron en las demandas contra el Estado de parte de Roxana Abril (en 2003) y de Blanca Zavaleta (2005). La familia Zavaleta reclamaba además el cobro de ingresos por la explotación turística de Machu Picchu por un monto de S/ 150 millones (US$ 45 millones).
El vacío legal del que se agarraban estas dos familias es que la adquisición de los terrenos fue previa a la ley de 1929, que establece que "todos los monumentos prehispánicos existentes en el territorio nacional pasaban a ser de propiedad del Estado peruano", algo que ha negado el mismo Ejecutivo aludiendo que el Machu Picchu es propiedad legítima del pueblo peruano de manera indiscutible.
El Estado pudo además demostrar que las tierras a las que hace referencia la familia Zavaleta fueron expropiadas por la Dirección General de Reforma Agraria entre los años 1960 y 1970.
Lo cierto es que esta decisión de la Corte Suprema pone fin a 14 largos años de litigios judiciales y da, por fin, la propiedad de la joya arquitectónica inca al Estado peruano, o lo que es lo mismo, al pueblo que tanto lo mima y lo ama ante todos los visitantes que llegan al Perú.
Francis, Viajes del Perú
Abril del 2019
info@viajesdelperu.com
Excelente noticia ,como debería de ser
ResponderEliminarRecien lo leo, y verdaderamente es una buena noticia...ya que los intereses de la familia esa era de venderlo y no de conservarlo...y creo que la venta hubiese sido a los EE.UU que realmente estaban interesados en esos supuestos terrenos que estos reclamaban incoherentemente
ResponderEliminarlo acabo de leer y la verdad es un alivio.
ResponderEliminarY que hay de cierto en eso que dicen que los dueños son chilenos?
ResponderEliminarLos chilenos compran o crean empresas en el Cusco, por consiguiente, un pedazo de tierra les pertenece.
EliminarLa resolución judicial hace justicia a los peruanos, quienes debemos sentirnos orgullosos de que Machu Picchu es del Perú.
ResponderEliminarOrgullosos por ser d los peruanos
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